A R T Í C U L O
Solamente catorce días en el poder, ni siquiera una quincena duró como gobernador del estado. Así el mandato de Fausto Zapata Loredo –hace 27 años- se convirtió en el más breve en la historia moderna de México (desde 1935), incluso más fugaz que el de Otoniel Miranda Andrade, quien duró 29 días: del 1 al 29 de abril de 1975; al mismo tiempo su caída representó un reflejo de la prepotencia del presidencialismo a ultranza, de entonces.
Graduado en la propia capital, Zapata había sido diputado federal y senador, además de embajador de México en Italia, Malta, China y Corea del Norte. Siempre fiel a su jefe (el presidente) Luis Echeverría, el potosino dejaría amargos recuerdos en algunos periodistas nacionales, que luego se encargarían de “cobrarle factura” por su participación en la agresión al –diario- “Excélsior” de Julio Scherer.
Su triunfo oficial en los comicios del 18 de agosto de 1991, despertaría la inconformidad de Salvador Nava Martínez, candidato perdedor por la coalición PAN, PRD, PDM. La tardanza para dar a conocer los resultados alimentó la desconfianza y los cuestionamientos, principalmente porque se violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que establecía una inmediatez en la divulgación de los resultados.
Fue hasta el 23 de agosto cuando el Consejo Estatal Electoral anunció que Zapata Loredo, había obtenido el 61.11% de los votos, contra 31.67% de la Coalición Democrática Potosina. Nava se autoproclamó “gobernador del pueblo” de San Luis Potosí, al tiempo de ignorar al Congreso del Estado en sus atribuciones de Colegio Electoral y a su decisiones, al acusarlos de “juez y parte”.
El 1 de septiembre, el Congreso local declaró como gobernador electo al priísta Fausto Zapata Loredo. En opinión del mandatario potosino, el hecho de establecer un gobierno paralelo como hizo Nava, era “política ficción”, y cuando se le comentó que desde hacía 30 años una elección de gobernador en la entidad no había sido impugnada, argumentó que lo de Nava no era una impugnación, sino una manifestación de inconformidad.
El 26 de septiembre de 1991, Fausto Zapata tomó posesión prometiendo un gobierno “para todos”, abierto a la convivencia entre los potosinos, y reiteró su propósito de perfeccionar la Ley Estatal Electoral para así garantizar las elecciones municipales que se celebrarían en diciembre. En su equipo de trabajo propuso a dos panistas y a un perredista para formar parte de su gabinete, pero ninguno de ellos aceptó el ofrecimiento.
Posterior al acto, el presidente Carlos Salinas de Gortari encabezó un evento del Programa Nacional de Solidaridad, y ahí fue enfático al señalar que el Gobierno de la República no avalaría actos contrarios a la pluralidad ni tomaría decisiones bajo presión de grupos que actuaran al margen de la ley. El tiempo se encargaría de regresarle las palabras al mandatario.
Ese mismo día Nava se proclamó “gobernador legítimo” en un mitin al que concentró a Diego Fernández de Cevallos y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (tres años después adversarios en la lucha por la presidencia). El candidato perdedor se atrevió a sugerir a los potosinos a no participar en las elecciones que se celebrarían tres meses después para la renovación de los ayuntamientos.
Su postura sería de inmediato desaprobada por el Comité Nacional del PAN, que se apresuró a aclarar que la coalición potosina en la que participó, había concluido oficialmente el 19 de agosto, al tiempo que se manifestaba en contra de la no participación en las elecciones de los municipios. El 28 de septiembre dio inicio la –llamada- Marcha por la Dignidad, que iría de San Luis a México, como señal de protesta.
Hasta ese día, Fausto Zapata pudo al fin entrar al Palacio de Gobierno, luego de la toma de mujeres navistas (entre ellas quien sería posteriormente presidenta estatal del DIF, Concepción Nava de Sánchez Unzueta). Hizo hincapié en una actuación prudente, en tanto que sus detractores insistían en la existencia de fraude electoral y exigían a la Secretaría de Gobernación una actuación que no llegó, porque no quiso entrometerse.
Luego de un enfrentamiento el lunes 30 entre panistas, navistas y priístas, hubo un encuentro conciliatorio para evitar más violencia. De esta forma, los del tricolor acordaron no acudir a la Plaza de las Armas, sitio ocupado por navistas, y estos últimos no ir a la Plaza de los Fundadores, punto de reunión priísta. Las mujeres navistas prometieron no impedir el paso al gobernador y dejaron un pasillo de acceso al Palacio de Gobierno.
El 2 de octubre Zapata viajó a la ciudad de México, y –sin saberlo- no volvería más al Palacio de San Luis. Seis días después se trasladaron a la capital del país todos los diputados federales potosinos encabezados por el dirigente estatal priísta, Juan Ramiro Robledo, y su reunión con el presidente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, despertó los rumores de una decisión centralista en torno al caso.
Todavía el mandatario se atrevió a proponer públicamente que estaba dispuesto a que se abrieran los paquetes electorales, sugerencia en la que fue desalentado de inmediato por el presidente Salinas, debido al precedente que había de la inconformidad electoral en la que él resultó ganador dentro de la polémica, y cuyos documentos, urnas y boletas, todavía se hallaban en el sótano del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El 9 de octubre fue llamado el director del Infonavit, Gonzalo Martínez Corbalá, al despacho presidencial; ahí Carlos Salinas encargó al funcionario hacerse cargo en forma interina del gobierno potosino, y a Fausto Zapata, se le pidió su dimisión. El propio Zapata contaría después a Adriana Amezcua y a Juan E. Flores (autores del libro “Todos los gobernadores del presidente”, editorial Grijalbo, 1997) ese trago amargo:
“En la reunión de Los Pinos con el presidente Salinas, presenté mi renuncia al cargo de gobernador. No había alternativa; ir contra la voluntad del Presidente de la República habría desembocado fatalmente en sucesos semejantes a los de 1961. El presidente provocó una crisis constitucional en el estado: Por principio de cuentas, la Constitución Política de San Luis Potosí estipula que el cargo de gobernador es irrenunciable”.
“El autoritarismo de Salinas llevó a Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación, a pedirme (…) que yo renunciara; medí las circunstancias y las fuerzas a que me enfrentaba, hablé con el presidente y renuncié. Dejé constancia escrita en la renuncia, del resultado de las elecciones (…) y de la existencia de las actas en el Congreso del Estado (…) el doctor Nava nunca aceptó que se revisaran públicamente”.
“La inconformidad de los potosinos hizo imposible imponer a un gobernador interino de oposición, como ocurrió en Guanajuato, otro caso de abuso del poder presidencial. El Congreso del Estado aceptó mi renuncia hasta que Amado Vega (…) les pidió a sus integrantes, en mi nombre, que la aceptara; creo que el valor constitucional de esa renuncia es nulo, solo expresa el abuso del poder y el atropello a la soberanía del estado”.
Finalmente la noche del 9 de octubre de 1991, el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió la renuncia del gobernador Fausto Zapata Loredo, hecha efectiva a tan sólo dos semanas de haber llegado a la gubernatura potosina. 23 años después, el 15 de diciembre de 2014 -a solo tres días de cumplir los 74 años de edad- el político fallecería en la Ciudad de México.
(FECHA DE PUBLICACIÓN: 9 DE OCTUBRE DE 2021).